Detienen a exjuez supremo, coronel PNP y abogados de la red de Orellana

No se la esperaban. Ocho personas señaladas por colaboradores eficaces como miembros del aparato legal de la organización criminal del abogado Rodolfo Orellana Rengifo fueron arrestados en un megaoperativo en Lima.

Otro número no precisado de presuntos integrantes de esta red criminal son buscados en provincias. La orden de detención fue dictada por el juez del 3er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Ricardo Manrique Laura, a pedido de la fiscal especializada en lavado de activos Marita Barreto.

El mandato de aprehensión alcanza a unas 21 personas en Lima y provincias. De ellos, dos consiguieron escapar y otras cuatro no fueron localizadas. El operativo en Lima se denominó “La Tribu - Fase III” y, a nivel nacional, “Tempestad”.

Como parte de este operativo, la fiscal Barreto remitió un informe de sus hallazgos a la Fiscalía de la Nación, con información que será entregada a la Fiscalía Suprema de Control Interno, OCMA, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República.

“Tempestad” es la culminación de cuatro meses de una investigación que comenzó en diciembre pasado. Entonces, nueve ex trabajadores de Orellana se acogieron a la Ley de colaboración eficaz, permitiendo identificar a los abogados, registradores públicos y notarios al servicio de la red.

Golpe Supremo

Todos ellos, dijeron, recibían pagos de Orellana, que iban de 10 a 30 mil soles como haber mensual y diversas sumas de dinero, para ser distribuidos a jueces, fiscales, policías y servidores judiciales, que debían resolver a favor de la mafia.

 En las intervenciones dirigidas por la fiscal Barreto participó un equipo de 60 policías del Grupo Especial de Inteligencia Orión, y de la Dirección de Investigaciones Especiales –unidades de élite de la Dirección Antidrogas– y más de 20 fiscales provinciales.

Uno de los primeros capturados fue el expresidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, exjuez supremo Robinson Octavio Gonzales Campos. Además, su hija y abogada Olga Gonzales Yaurivilca y su asesor Iván Gómez Torres.

Robinson Gonzales fue detenido en su domicilio de la calle Las Campanillas, en la Urbanización Las Casuarinas, en Santiago de Surco, a las siete de la mañana, cuando se encontraba durmiendo. En el mismo domicilio reside su hija Olga Gonzales.

“Ni bien nos abrió la puerta, (Robinson Gonzales) lanzó insultos y trató de evitar a toda costa la detención y el ingreso en su domicilio. Amenazó con denunciar a policías y fiscales y se atrevió a dar una cátedra  sobre cómo se debía ejecutar la diligencia”, informaron fuentes participantes en la diligencia.

“Su hija (Olga Gonzales) también se interpuso con palabras soeces y alardeaba de sus influencias en el Poder Judicial. 'Toditos se van a ir a la cárcel', decía. Nosotros simplemente procedimos con cumplir con el mandato judicial de detención y descerraje”, añadieron.

Los otros detenidos

También cayeron el exjefe de la Escuela de Criminalística coronel PNP (r) Jorge Reyes Mattos, los abogados Blanca Rosa Paredes Córdova, Tomás Enrique Torrejón Guevara y Maribel Haydé Castillo Chihuán y el registrador público Pedro Guzmán Molina.

El suboficial PNP en actividad José Sánchez Sánchez, quien trabaja en la Oficina de Inteligencia de la 7a Región policial y el abogado César Matta Paredes lograron evadir la acción policial y están prófugos.

Otros que no pudieron ser ubicados y pasaron a la clandestinidad fueron el exjefe de la Superintendencia de Registros Públicos Públicos  (SUNARP), Álvaro Delgado Scheelje, el exprocurador del Poder Judicial, Segundo Vitery Rodríguez, y la testaferra  Rosa Ledesma Vela viuda de Reyna.

A través de un proceso arbitral, el árbitro Luis Galindo Cárdenas le adjudicó una propiedad ubicada en Paseo El Bosque 445, San Borja. También fue beneficiaria en la transferencia del inmueble ubicado en la Av. Benavides Mz F1 Lote 28, en Santiago de Surco.

La abogada Patricia Pilar Rojas Rocha, quien es una de las que aparecen con mandato de detención, se encuentra en Panamá, según su movimiento migratorio.

Como parte de la operación fueron intervenidos más de 20 inmuebles y diversos vehículos. Al respecto, el interés de la fiscalía se centró en las casas de Robinson Gonzales y Blanca Paredes donde hasta anoche seguía la revisión e incautación de cientos de documentos, de expedientes judiciales y de arbitraje.

En acción

Según la resolución del juez Manrique, que resume el requerimiento de la fiscalía, los detenidos ejercían la defensa de los testaferros ante el reclamo de los dueños legítimos, elaboraban la estrategia para la apropiación ilícita de los inmuebles de particulares y del Estado, redactaban falsos contratos, arbitrajes y acciones de Amparo que permitieran el cumplimiento de las acciones de la organización, contrataban a los testaferros para adueñarse ilegalmente de las propiedades, planteaban acciones de amparo y de hábeas corpus para impedir el desalojo de los usurpadores que estaban al servicio de la organización criminal, entre otras actividades.

“La finalidad de los abogados penalistas era lograr la impunidad de las conductas ilícitas perpetradas por los testaferros, integrantes y/o líderes de la organización criminal”, señaló el juez Manrique.

“Para lograr sus fines propuestos no solo se valían de los mecanismos procesales permitidos por la ley sino también recurrían a conductas antijurídicas, tales como entregas de dádivas a los servicios y/o funcionarios públicos encargados del trámite del proceso, como secretarios, jueces, fiscales y policías”, explica el magistrado en el mandato de detención de los acusados.

Uno de los personajes que se habría encargado de los pagos a magistrados y funcionarios judiciales en Lima era  Robinson Gonzales Campos. De acuerdo con los colaboradores y otros testigos, para ello habría recibido diversas sumas de dinero, a través de Miriam Valcárcel.

Trascurridos los 15 días, la fiscalía decidirá la prisión preventiva para todos ellos. En ese momento serán presentados ante el Juzgado Penal Nacional y la fiscalía sustentará públicamente los motivos por los que pide que pasen a prisión, mientras concluyen las investigaciones.

Fuente: “La República”, 06 de mayo de 2015.

Boletines anteriores

Publicidad